Entra en vigor la nueva ley contra el fraude fiscal por la que se prohiben los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en España. Quien contrate una obra, un servicio o adquiera un bien con un precio superior al citado tendrá que hacerlo mediante tarjeta de crédito, cheque u otro procedimiento análogo, siempre que en la operación intervenga una empresa o un profesional. Según el Gobierno, está pensada para poner coto a la economía sumergida y favorecer la recaudación fiscal.
La llamada ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal fué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 30/10/12 , eran de aplicación inmediata casi todos los preceptos de la ley. Exceptoel artículo 7, que recoge la limitación de los pagos en metálico. En este caso mediaban 20 días entre la publicación en el BOE y la entrada en vigor, de modo que está vigente desde hoy dia 19-11-12.
Los principales rasgos de ese artículo 7 son los que se explican en las siguientes líneas.
La cuantía. Quedan prohibidos los pagos en metálico con un importe igual o superior a 2.500 euros «siempre que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional». Tal redacción significa que están afectadas todas las compras de ese alcance que realice un particular a una empresa (una tienda, por ejemplo) o los servicios contratados con profesionales (un contratista de obras o un abogado, por ejemplo). La limitación alcanza, asimismo, a las operaciones realizadas entre sí por empresas y profesionales.
Las excepciones. Quedan excluidas de la prohibición las transacciones entre particulares y las de éstos con las entidades bancarias. El límite se eleva además a 15.000 euros para los ciudadanos no residentes. Es una excepción concebida para los turistas extranjeros.
Las sanciones. Las infracciones que sean detectadas por la Agencia Tributaria serán sancionadas con multas equivalentes al 25% del importe de la operación. Responderán de ella de manera solidaria las dos partes que hayan intervenido.
La delación. La ley establece que podrá evitar la sanción aquella parte que, en los tres meses siguientes a una operación pagada en efectivo al margen de la ley, lo denuncie ante la Agencia Tributaria e identifique a la otra parte. Se excluye expresamente que la multa sea retirada si la denuncia la hacen simultáneamente los dos implicados.
Los resguardos. Toda persona que realice un pago superior a 2.500 euros deberá conservar el justificante durante un plazo de cinco años, para acreditar que lo realizó por alguno de los medios distintos al efectivo (tarjeta, cheque, transferencia…). La Agencia Tributaria podrá requerir la presentación de esos resguardos.
España se suma con esta regulación a la lista de países que restringen los pagos en efectivo en un intento de dificultar el uso de dinero «negro» y la economía sumergida. Entre los países europeos, los límites suelen oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros.